Los días 14 de diciembre 2018 y 7 de febrero 2019, el CES Vasco y el CESER de Nouvelle Aquitaine han celebrado sendas jornadas conjuntas en torno al tercer sector social y su implicación en el sistema de servicios sociales, encuadradas en el marco de la cooperación bilateral entre los dos Consejos. A través de esta colaboración, que se remonta a más de una quincena de años, ambos Consejos Económicos y Sociales mantienen un diálogo permanente y desarrollan una visión compartida sobre temas de interés común a la CAPV y a la Nouvelle Aquitaine.
Tras diversos trabajos en materias como el turismo, las energías renovables, el transporte y la innovación, el CES Vasco y el CESER de la Nouvelle Aquitaine han llevado a cabo una actividad dirigida a intercambiar información sobre el tercer sector social y el papel desempeñado en el sistema de servicios sociales de sus respectivas regiones, y propiciar el acercamiento entre las organizaciones del tercer sector social de Euskadi y de la Nouvelle Aquitaine, que pueda desembocar en la realización de actividades conjuntas.
Esta iniciativa se ha implementado en dos jornadas, una celebrada en Bilbao, el 14 de diciembre, una segunda, en Burdeos, el 7 de febrero, en las que se han presentado ambos modelos y han participado representantes de algunas organizaciones del tercer sector social, lo que ha permitido el establecimiento de contactos de cara a iniciativas conjuntas futuras.
La Jornada organizada por el CES Vasco para presentar el modelo de Euskadi, y que dio inicio a la actividad, contó con la participación de representantes del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, concretamente, de Lide Amilibia, Viceconsejera de Políticas Sociales, y de Emilio Sola, Director de Servicios Sociales, así como de Sareen Sarea, la red de redes del tercer sector social de Euskadi, cuyos presidente, vicepresidente y coordinador, Pablo Gonzalez, Iñigo Vidaurrázaga y Mikel Barturen, respectivamente, y acompañados de Marta Senz, de la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Euskadi, y de Pablo Moratalla, de REAS, presentaron los principales elementos del modelo vasco.
La sociedad vasca dispone de un tejido social amplio, plural y activo y cuenta con entidades surgidas de la libre iniciativa de los ciudadanos, que con voluntad altruista asumen un papel protagonista en la solidaridad organizada, así como en la participación social de la ciudadanía en general y de las personas, familias, grupos o comunidades afectadas por una situación, problema o necesidad de carácter social. El concepto de tercer sector define el espacio de acción entre la autoridad pública y las empresas privadas y hace referencia al desarrollo de formas de organización y actuación de actores privados con fines públicos.
Su actuación en el ámbito de la intervención social se caracteriza por la realización de actividades cuya finalidad es la de promover la inclusión social, la cooperación al desarrollo, el reconocimiento de los derechos de toda la población y su ejercicio efectivo por las personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desprotección, discapacidad o dependencia. En particular, se consideran como tales los servicios sociales, la promoción del acceso al empleo y las actividades de intervención en los espacios de interacción entre ámbitos.
Se trata de una realidad compuesta en Euskadi de 3.500 organizaciones, con 36.000 personas empleadas y 125.000 voluntarios y voluntarias que generan una contribución al PIB de la CAPV del 2,2%.
Esta labor altruista de las organizaciones de acción social se ha visto legalmente reconocida, tanto por la legislación vasca de Servicios Sociales, como por otros instrumentos legales posteriores, institucionalizándose una relación de colaboración entre las actividades del sector público y del privado altruista en materia de servicios sociales, que se ha ido constituyendo progresivamente en la seña de identidad del modelo vasco de Tercer Sector Social y que culmina con la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi de 12 de mayo de 2016.
Se ha creado un modelo propio en el que no solamente las organizaciones del tercer sector social participan en la provisión de servicios sociales de responsabilidad pública, sino que se ha instaurado también un diálogo civil fluido e importante entre la administración pública y estas organizaciones para dar cauce a la participación social y la igualdad de oportunidades. Se trata de un modelo en el que, a partir del reconocimiento mutuo entre administración y tercer sector, en colaboración buscan respuestas a los problemas que van detectando en la provisión de servicios sociales, pero también en las políticas y sistemas de responsabilidad pública relacionados con dicho ámbito.
La Ley del Tercer Sector Social establece el estatuto jurídico de las organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi y adopta y promueve medidas orientadas a fortalecer sus organizaciones y redes e impulsa la colaboración a todos los niveles. Merecen citarse expresamente la Mesa de Diálogo Civil, la participación de un representante de este sector en el Comité Económico y Social y la promoción del tercer sector social con la articulación de una potente estrategia de promoción.
Las ponencias preparadas por parte del CESER de la Nouvelle Aquitaine han permitido apreciar una situación muy diferente a la de Euskadi en esta Región respecto de la intervención social. El tradicional carácter centralista del estado francés y una diferente distribución competencial configuran la Región como una entidad territorial fuera del ámbito del sistema de servicios sociales, que compete al estado y a los departamentos. Tampoco se detecta un sector organizado de entidades con actividades en el ámbito de la acción social. No obstante, se aprecian elementos interesantes como la “Carta de Compromisos recíprocos de Nouvelle Aquitaine”. La vida asociativa es rica en Nouvelle Aquitaine, donde existe una red de más de 110.000 asociaciones activas, y constituye un agente imprescindible del dinamismo regional. La “Carta de Compromisos recíprocos” supone una iniciativa de concretización de una voluntad común de las asociaciones de establecer una relación estable y duradera entre los poderes públicos, incluido el Estado, y los agentes asociativos en Nouvelle Aquitaine, pero no existe una diferenciación sectorial.
La administración regional de Nouvelle Aquitaine, por otro lado, se distingue de las demás del país vecino al contar con la única Dirección de la Economía Social y Solidaria. Incardinada en el departamento de desarrollo económico que es la principal competencia que el sistema de atribución de competencias en Francia confiere a las Regiones, el gobierno de la Nouvelle Aquitaine ayuda al empleo de personas en situaciones de dificultad a través del apoyo a la empresa, el objeto principal de su actuación en el ámbito del impulso del desarrollo económico. Aunque las cuestiones sociales no constituyen el objetivo principal de su actuación, si hay experiencias interesantes como la “Inserción a través de la actividad económica” por la que se proporciona empleo durante un periodo de 12-24 meses a personas que, estando en situación de dificultad, cumplan determinados criterios, con la finalidad de que ello permita el retorno al mercado de trabajo ordinario.