El Consejo Económico y Social Vasco considera adecuada la tramitación del proyecto de decreto de “Ayudas a la promoción de los productos agrarios, alimentarios, pesqueros y forestales”, presentado por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, con las consideraciones efectuadas por el órgano consultivo.
El objeto de la norma es regular las ayudas a la promoción en los mercados exteriores a la CAPV de los productos alimentarios, pesqueros y forestales, transformados y comercializados por la industria agraria y alimentaria vasca.
Cabe recordar que ayudas de características similares ya estaban contempladas en el Programa Lehiatu -de ayudas a la transformación, comercialización y promoción de productos agrarios y alimentarios, aprobado en octubre de 2008-, pero el ejecutivo ha considerado la necesidad de separar la promoción de la transformación y comercialización, para lo que ha establecido un decreto ad hoc para el ámbito de la promoción exterior a la CAPV, que es el objeto del presente dictamen.
Apoyo a las explotaciones agrarias locales
En su análisis, el CES señala ciertos aspectos confusos, derivados, en buena parte, de la complementariedad de ambos programas -el Programa Lehiatu, de 2008, y el nuevo decreto de ayudas a la promoción- . Así, por ejemplo, indica el hecho de que no se deroguen expresamente las menciones a la promoción en el Programa Lehiatu o el propio título de las normas, ya que el nuevo decreto se refiere a los productos agrarios, alimentarios, pesqueros y forestales, mientras que el anterior sólo enuncia los productos agrarios y alimentarios.
Entre las consideraciones que realiza el CES destaca la necesidad de un apoyo explícito al producto local y a las explotaciones agropecuarias de la CAPV, así como el cumplimiento de unos requisitos por parte de las personas y organismos (personas físicas, jurídicas, consejos reguladores o consorcios de exportaciones) beneficiarios de las ayudas. Entre estos requisitos se propone que los beneficiarios deberían ser organizaciones que trabajen con explotaciones agropecuarias de la CAPV y que acuerden el cumplimiento de unos precios justos por los productos, así como una declaración responsable de la plantilla y el cumplimiento de la normativa laboral vigente.