El Consejo Económico y Social vasco considera adecuada la tramitación del anteproyecto de “Ley de Administración Ambiental de Euskadi”, con las observaciones que adjunta en su dictamen. El texto ha sido remitido por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.
La nueva norma debe sustituir a la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Ley 3/1998, de 27 de febrero), que estableció las bases genéricas de la política medioambiental vasca, iniciada años antes, en la década de los ochenta. La ley general seguía las recomendaciones de la Unión Europea para reconducir una situación de partida de profundo deterioro medioambiental, con ausencia de infraestructuras de tratamiento y control y falta de experiencia en la materia, tanto por parte de la administración pública, como de las empresas y de la sociedad civil. “La ley ha representado una importante etapa en la actuación de las administraciones vascas a favor del medioambiente”, reconoce el Consejo, al tiempo que recuerda que han transcurrido más de dos décadas desde que se formuló, en las que la Unión Europea “ha sido particularmente activa en la elaboración de nuevas normas y la adaptación a las mismas y a la normativa estatal básica de transposición, ha puesto bajo tensión la vocación de estabilidad y unicidad de la Ley General de Protección del Medio Ambiente vasca”. Por ello estima “muy oportuna la iniciativa para renovar las bases normativas de la política medioambiental vasca”. El dictamen señala que se trata de “un anteproyecto bien construido y que juzgamos favorablemente en su globalidad, sin perjuicio de ciertas cuestiones específicas”.
Compra pública verde
Entre otras cuestiones, el CES propone complementar la memoria económica con simulaciones y estimaciones de ingresos; considerar la empresa y el espacio laboral como ámbitos para fomentar la educación ambiental; incorporar a los sindicatos como posible sujeto parte de un acuerdo ambiental; incluir una definición de “huella ambiental” y considerar el Consejo Asesor de Medio Ambiente como órgano consultivo superior en el ámbito medioambiental, así como reducir “significativamente” los plazos para resolver la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única (9 y 6 meses en la propuesta actual del ejecutivo).
Por último, en relación con la compra pública verde, el Consejo pide que los sistemas de certificación y gestión medioambiental sean valorados en los procedimientos de contratación pública en función del nivel de exigencia que comportan y que junto al sistema EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales), también sea contemplado el sistema ISO, que además, “cuenta con la ventaja de estar más extendido en las empresas vascas”.