El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Anteproyecto de Ley de Educación del País Vasco”, elaborado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. En su respuesta, el Consejo considera adecuada la tramitación de la normativa, con las consideraciones efectuadas como propuestas de mejora del texto analizado. Asimismo, estima necesario que su desarrollo se produzca a través de un diálogo constructivo entre los distintos agentes educativos y sociales de la Comunidad Autónoma, que procure el consenso.
La finalidad del anteproyecto de ley es la de posibilitar una transición educativa justa, para así construir un sistema educativo vasco adaptable y flexible a través de un proceso inclusivo (basado en la equidad, en la cohesión social y en la excelencia), que sea capaz de responder a las necesidades de cada momento. Esta nueva iniciativa, que sustituirá la actual regulación recogida en la Ley de la Escuela Pública Vasca de 1993, trata de enmarcar y regular en un único texto normativo a todo el sistema educativo vasco, lo que implica su aplicación a todos los centros educativos que se financian con fondos públicos (centros públicos y concertados), y puntualmente, a centros privados.
En su informe, el CES constata los numerosos cambios suscitados en demografía, sostenibilidad, digitalización, etc., que en su opinión, requieren nuevos diagnósticos compartidos y nuevos instrumentos, especialmente en el ámbito educativo, para abordar los nuevos desafíos. En ese sentido, en órgano consultivo vasco señala que la mejora de la educación es un reto importante que exige la colaboración, el diálogo y el consenso entre los distintos agentes educativos y sociales de la CAPV, y obliga a contar con una visión y colaboración empresarial. Por ello, el CES recomienda desarrollar una gobernanza con participación de los agentes económicos y sociales, y en concreto, de la representación empresarial.
En cuanto a las consideraciones efectuadas en el dictamen, el CES subraya la importancia de reforzar la orientación educativa y profesional para obtener un conocimiento temprano de las salidas profesionales y laborales, así como desarrollar una cultura económica y de valores de interés social y empresarial en las aulas, para una mayor conexión entre la realidad de la economía vasca, la realidad empresarial, y los futuros trabajadores y trabajadoras.
Además, el órgano consultivo considera necesario formar al profesorado en temas socio-económicos y empresariales; avanzar en una mayor adecuación de los conocimientos y competencias a las necesidades socio-económicas y empresariales; y buscar sinergias que sirvan de vínculo continuo entre las escuelas y el entorno productivo. En ese sentido, el CES observa que las vocaciones STEM tienden a descender entre los y las jóvenes, siendo estos perfiles cada vez más necesarios en el tejido empresarial. Por ello, estima necesario trabajar en la mejora del prestigio de estas salidas científico-tecnológicas.
El dictamen advierte que en algunos momentos el texto puede resultar ambiguo y/o abstracto en algunos aspectos, que, o no han sido recogidos, o si lo han sido, no están lo suficientemente desarrollados. Entre tales aspectos menciona que es un derecho constitucional que la formación que reciba el alumnado no tiene que ser obligatoriamente religiosa. Teniendo en consideración esta premisa, el órgano consultivo vasco echa en falta un debate previo sobre la necesaria o no laicidad de los centros que vayan a recibir financiación pública. Por último, el CES considera necesario y pertinente mencionar de forma explícita al colectivo LGTBI+ en la normativa, concretamente, en las listas que enumera los diferentes supuestos de no discriminación.
VOTO CONTRARIO DEL GRUPO SINDICAL
El dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Educación ha contado con el voto particular contrario de la Confederación Sindical de CCOO Euskadi y de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Euskadi (UGT Euskadi). Dicho voto conjunto, insta al Gobierno a que paralice la tramitación de la ley hasta finalizar un proceso de negociación que permita alcanzar el consenso.
En ese sentido, el grupo sindical considera que no se ha conseguido un gran consenso para la aprobación de la ley, y que ésta es demasiado abstracta y ambigua. Además, estima necesario que la futura ley sea clara por sí misma, evitando desarrollos normativos posteriores, y que apueste por un sistema educativo que permita atender a las necesidades reales, presentes y futuras de la sociedad vasca.