Dictamen del CES sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de declaración responsable de las industrias agrarias y alimentarias, y la organización y funcionamiento del registro de industrias agrarias y alimentarias de la CAPV.
El Consejo considera adecuada la tramitación de este Proyecto de Decreto con las consideraciones que ha efectuado.
El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de declaración responsable de las industrias agrarias y alimentarias, y la organización y funcionamiento del Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, trasladado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Tras analizarlo el Consejo considera adecuada su tramitación, con las consideraciones efectuadas en el dictamen.
El objeto de esta norma es regular el régimen de declaración responsable de las industrias agrarias y alimentarias y la organización y funcionamiento del Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la CAPV, como instrumento de las Administraciones Públicas Vascas para disponer de manera permanente, integrada y actualizada de toda la información precisa para la planificación, ordenación y desarrollo del sector agrario y alimentario. Desde la publicación hace diez años del vigente Decreto 422/2013 han surgido nuevas necesidades que obligan a actualizar esta norma.
En concreto, la Ley 39/2015 obliga a las personas jurídicas y profesionales a relacionarse con las Administraciones Públicas exclusivamente por medios electrónicos, mientras que el vigente Decreto 422/2013 dispone que la declaración responsable de las industrias agrarias y alimentarias puede presentarse de manera presencial o telemática.
Además, la aprobación del Real Decreto 1054/2022, norma básica que regula el conjunto de sistemas informáticos desarrollados por la Administración para la correcta gestión y ordenación del sector agrario y forestal en el conjunto del Estado, hace imprescindible la interconexión del Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la CAPV con el Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas y de la Producción Agraria SIEX y, en consecuencia, esto también debe estar recogido en el nuevo Decreto.
En la medida en que la norma pretende la adecuación a las nuevas necesidades de la industria agraria y alimentaria, así como a los cambios normativos, contribuyendo a la seguridad jurídica de los sectores afectados, el Consejo Económico y Social Vasco valora positivamente el Proyecto de Decreto que se le ha presentado.
Asimismo, como en la actualidad la CAPV cuenta con una Dirección de Agricultura y Ganadería y una Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, consideramos razonable sustituir en el texto la referencia a “la dirección competente en materia de industrias agrarias y alimentarias” por “la dirección competente en industrias alimentarias”, así como valorar cambiar el título del Decreto e incluso la denominación del propio Registro que se regula.
Asimismo, el Consejo introduce algunas consideraciones específicas como propuestas de mejora del texto analizado.
Proponemos añadir un requisito para el inicio de la actividad de las industrias agrarias y alimentarias, concretamente que dichas industrias estén inscritas en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos y estén en posesión de la preceptiva autorización sanitaria.
Respecto a la Declaración responsable del inicio de actividad, se cita que esta facultará para el desarrollo de la actividad correspondiente en todo el territorio del Estado, pero en el caso de los buques pesqueros, en muchos casos su actividad se desarrolla en aguas que se encuentran fuera de la jurisdicción del Estado, por lo que esto debería contemplarse en el Decreto. Además, recomendamos especificar que la norma se refiere a días hábiles en el plazo decretado para la resolución sobre la inexactitud, falsedad u omisión, de cualquier dato o información incorporado a una declaración responsable, o la no presentación ante la autoridad competente de la misma o de la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado.
También proponemos una serie de modificaciones en el Anexo para mejorar la claridad de la norma especificando con mayor precisión las temáticas sobre las que se regula en cada caso.